Resumen: La resolución administrativa recurrida, desestimó la reclamación por considerar que se había interpuesto una vez que había transcurrido con creces el plazo de prescripción de un año desde la actora conoció el archivo de la causa penal.
Para que se pueda establecer un periodo de cómputo diferente del de finalización de las actuaciones penales, la carga de la prueba corresponde a la actora, así como la carga de la prueba de su carácter indispensable para determinar el alcance de los daños y perjuicios por los cuales se reclama.
La actora alegó que una vez archivada la causa penal hubo de esperar a disponer de la información precisa para poder exigir la responsabilidad patrimonial.
Esta alegación fue rechazada en el recurso de reposición, ya que no se puede dejar a la voluntad del reclamante el plazo del ejercicio de acciones legalmente establecido.
La recurrente alega que se remitió más tarde por fax del resultado de la prueba de análisis toxicológico en la que se aprecia el hallazgo de metadona, pero no ha aportado prueba alguna que acredite que se realizaron actuaciones en las diligencias previas penales con posterioridad a su archivo.
Resumen: Condena por delito de inmigración ilegal que se sustenta en la testifical preconstituida de un testigo protegido que identifica al acusado fotográficamente, en rueda y en la prueba, como el piloto de la embarcación, a quien atribuye haber puesto en marcha el motor y llevar la embarcación hasta la costa llevando a bordo a ocho personas, entre ellas un menor de edad, para ingresar ilegalmente en territorio español. La credibilidad de dicho testigo se sustenta, especialmente, en que el acusado había entrado ilegalmente en fecha anterior reciente en territorio español. Existe voto particular discrepante que niega la posibilidad de sustentar la condena como única prueba relevante en la declaración de un testigo anónimo.
